Plena Inclusión y AEFT declaran que el Ingreso Mínimo Vital “deja atrás” a personas con discapacidad intelectual

Plena Inclusión y AEFT declaran que el Ingreso Mínimo Vital “deja atrás” a personas con discapacidad intelectual

Plena Inclusión y la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) han comunicado que el Ingreso Mínimo Vital dejará atrás a las personas con discapacidad intelectual. Desde ambas entidades expresan que “no se tiene en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, pese a que estas sufren más situaciones de pobreza y vulnerabilidad y su discapacidad conlleva un elevado sobrecoste”. La principal queja consiste en que a las personas con discapacidad intelectual “no se les permite ser titulares” de esta prestación.

Las entidades evalúan “la garantía del ingreso mínimo vital como una conquista para as personas en situación de pobreza y exclusión y un avance en la reducción de las desigualdades socioeconómicas que existen en España, pero también estamos preocupadas por la falta de perspectiva de discapacidad que hay en la ley, ya que no se tienen en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo”.

Desde Plena Inclusión y AEFT expresan que “el Ingreso Mínimo Vital establece que las personas titulares de la prestación deben solicitarlo para sí mismas o para su unidad de convivencia, es decir, para las personas con las que viven”. Este requisito ignora la situación de muchas personas con discapacidad intelectual, que perciben apoyo de Fundaciones Tutelares. Y es que, las Fundaciones Tutelares y las personas que reciben el apoyo no conforman una unidad de convivencia.

En el comunicado, ambas entidades, argumentan que “al impedir que las personas con discapacidad modificada jurídicamente sean titulares de la prestación, la regulación de este nuevo ingreso mínimo ha ignorado lo establecido en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la ONU, además de ser incoherente y contradictoria con el anteproyecto de Reforma del Código Civil en materia de discapacidad que el propio Gobierno ha impulsado”.

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